Durante más de una década, el sector de la tecnología cívica ha operado bajo un supuesto: que publicar datos gubernamentales y abrir el acceso a la información reduce, casi por sí solo, la corrupción. La evidencia cuenta otra historia. Pese a quince años de esfuerzos como la Alianza para el Gobierno Abierto y pese a la proliferación de aplicaciones cívicas desde la Primavera Árabe, la corrupción persiste. La mayoría de esas iniciativas termina en lo que podríamos llamar un "cementerio digital": herramientas técnicamente sofisticadas que pocos usan, porque se priorizó la tecnología por sobre la ciudadanía.

En esta charla planteo que el problema no es la falta de información, sino la ausencia de una teoría del poder en el diseño de estas soluciones. A partir de la experiencia de FOCO —la plataforma que en Paraguay hace transparentes más de 360 millones de dólares anuales en fondos escolares, exponiendo el mal uso de recursos y sus responsables— mostraré que la transparencia sin acción colectiva puede terminar empoderando más a los actores corruptos que a los propios ciudadanos, dejándolos con la sensación de que nada cambia aunque todo esté a la vista. El poder se crea en el momento en que dos o más personas se ponen de acuerdo para exigir algo juntas y la tecnología cívica debería existir para reducir el costo de esa acción colectiva.

De ahí se desprenden tres lecciones prácticas que desarrollaré: por qué el diseño no debe partir de cómo se define técnicamente el problema; por qué simplificar procesos burocráticos a veces elimina los espacios donde la gente exige rendición de cuentas; y por qué deberíamos construir herramientas para organizar comunidades, no solo para visualizar datos. La tecnología cívica que trata a la corrupción como un problema técnico siempre quedará incompleta.