Desde marzo de 2022, El Salvador opera bajo un Régimen de Excepción que ha resultado en más de 92,000 detenciones, al menos 433 muertes bajo custodia estatal y numerosas de desapariciones forzadas. En paralelo, el país fue expulsado de la Alianza de Gobierno Abierto en 2025 y ha retrocedido 77 posiciones en el Índice de Libertad de Prensa de RSF, configurando un entorno donde el acceso a la información pública es sistemáticamente bloqueado.
Frente a este cierre institucional, organizaciones de sociedad civil han desarrollado metodologías propias para construir evidencia: análisis forense de cuerpos, testimonios de familiares y sobrevivientes, revisión de documentación forense y triangulación con investigación periodística. En marzo de 2026, cuando el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) concluyó que existen bases razonables para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en El Salvador.
Esta sesión presenta ese ecosistema de datos como un modelo replicable: cómo construir evidencia creíble cuando el Estado niega información, cómo proteger a quienes la aportan y cómo estructurarla para que llegue a tribunales, organismos internacionales y opinión pública.
El panel reunirá a organizaciones con experiencia directa en documentación de violaciones, monitoreo del espacio cívico y protección de defensores en contextos de represión. La conversación estará orientada por preguntas concretas: ¿Qué datos son posibles cuando el Estado los oculta?, ¿Cómo se protege a quienes los aportan?, ¿Qué hace que esa evidencia sea jurídicamente útil? La sesión cerrará con aprendizajes transferibles para otras organizaciones de la región que enfrentan contextos similares de opacidad y represión.