08/10/2026 –, Barrilete Idioma: Español
¿Quién está detrás de las empresas contratistas del Estado? Este diálogo explora cómo el uso de datos de beneficiarios finales en los procesos de compras públicas puede reducir la corrupción, mejorar la competencia y fortalecer la integridad del gasto público, tomando el caso de Guatemala como punto de partida.
Las compras públicas representan una parte significativa del gasto de los gobiernos latinoamericanos, y son uno de los espacios más vulnerables a la corrupción, conflictos de interés y colusión. Conocer la identidad de quienes realmente controlan y se benefician de las empresas proveedoras del Estado —sus beneficiarios finales— es una condición necesaria para que los sistemas de contratación funcionen con integridad.
Sin embargo, en América Latina esta práctica sigue siendo incipiente. Sólo un pequeño número de jurisdicciones — Chile, Ecuador y República Dominicana— han avanzado en integrar datos de beneficiarios finales a sus procesos de compras públicas, y sólo un país, Paraguay, cuenta con un registro público de beneficiarios finales de empresas y otras entidades legales a la fecha. Guatemala representa un caso de especial interés: a través del Acuerdo Gubernativo que regula el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), el país exige a las empresas proveedoras del Estado la declaración de quienes ejercen el control efectivo sobre ellas. Este proceso había acumulado una cobertura significativa antes de ser impugnado en julio de 2025 —aproximadamente el 70% de las empresas proveedoras habían declarado su información—. Luego de una contienda legal, en abril de 2026 se declaró la validez constitucional del Acuerdo, y el proceso fue reactivado.
Este diálogo reunirá a actores guatemaltecos clave para discutir los obstáculos legales y políticos superados, la arquitectura institucional que sostiene el proceso, los límites del modelo actual en términos de acceso y uso de los datos, y los próximos pasos para fortalecer el sistema. El diálogo también incorporará perspectivas regionales y de organizaciones internacionales, con el objetivo de identificar aprendizajes transferibles y debatir qué condiciones —legales, técnicas e institucionales— son necesarias para que los datos de beneficiarios finales cumplan su potencial en la contratación pública.
Agustina De Luca es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y Magíster en Administración Pública por la Universidad de San Andrés. Con 15 años de experiencia, ha liderado campañas de incidencia en políticas públicas en Argentina y América Latina, orientadas a promover los valores democráticos, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional. Actualmente se desempeña como Senior Advocacy Manager en Open Ownership, donde lidera la estrategia global de incidencia y alianzas clave en materia de transparencia de beneficiarios finales.
Coordinador regional de apoyo a países, Américas - Open Government Partnership (OGP)
pepe.garcia@opengovpartnership.org
Él / él
Pepe brinda guía y asistencia a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe desde 2019, apoyando el desarrollo e implementación de reformas de gobierno abierto. Antes de OGP trabajó por casi una década promoviendo la transparencia y apertura en México: primero a nivel local en el Gobierno del Estado de Oaxaca, y posteriormente en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde diseñó e implementó reformas, políticas y proyectos de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, tecnología cívica, rendición de cuentas, anticorrupción y participación ciudadana. Antes de eso, fue asesor legislativo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es licenciado en relaciones internacionales por el Tecnológico de Monterrey.
Actualmente está basado en la Ciudad de México, es corredor, activista por los derechos de los animales y vegano.
Pepe puede ser contactado en pepe.garcia@opengovpartnership.org y en LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/joseantoniogarciamorales/
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, reconocido con distinción Summa Cum Laude, y Licenciado en Economía, con ambos títulos otorgados por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee, además, una Maestría en Derecho Constitucional de la misma casa de estudios.
Con una amplia trayectoria en la administración pública, combina experiencia jurídica, financiera y administrativa. Ha asesorado a la Presidencia y al Pleno del Tribunal Supremo Electoral en asuntos electorales, financieros, laborales, administrativos y constitucionales, aportando soluciones técnicas y de gobernanza en procesos de alta responsabilidad institucional.
Desde 2024 se desempeña como Director Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) de Guatemala.
Bajo su liderazgo, la CNC ha desarrollado procesos estratégicos de ética pública y prevención de la corrupción entre las que destacan la implementación del Código de Ética del Organismo Ejecutivo, la creación de 65 Instancias de Asuntos de Probidad, el despliegue de Sistemas de Integridad (compliance público) y la formulación de la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción (ESIP) 2025–2032. Estas medidas se han complementado con estrategias de participación ciudadana y alcance territorial, y han contribuido a mejoras observables en evaluaciones internacionales relevantes, incluyendo avances en índices y reportes de V-Dem, Freedom House, calificadoras de riesgo y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (mejoras consecutivas en 2024 y 2025).
Asimismo, desde marzo de 2026, ejerce como presidente del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la Organización de Estados Americanos (OEA). También es experto titular del Estado ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. En esos roles ha liderado iniciativas de integridad pública, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, impulsando marcos normativos y operativos que fortalecen la gobernanza estatal.
Es conferencista y panelista en temas jurídicos, económicos y de transparencia gubernamental, con amplia experiencia en formación ciudadana. Su perfil combina capacidades técnicas, experiencia operativa y liderazgo en reformas de integridad pública.
- Transparencia y auditoría social a proyectos de desarrollo, un análisis integral de la inversión pública en territorio
- Gobernanza basada en evidencia: articulando los sistemas de monitoreo territoriales con el Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación (SINSE) para fortalecer la transparencia y la toma de decisiones
Juan Pane es doctor en Informática por la Universidad de Trento (Italia), cofundador y director del Centro de Desarrollo Sostenible (CDS) y docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Desde hace más de una década aplica datos abiertos e inteligencia artificial a la transparencia y la integridad del gasto público. Acompañó la implementación del estándar OCDS en más de diez gobiernos de América Latina, con proyectos junto al Banco Mundial, el BID, la OEA/RICG y Open Contracting Partnership, y lideró el desarrollo técnico de las tres generaciones de herramientas de banderas rojas hoy en uso en Paraguay, Colombia y Guatemala. Su investigación sobre pagos atrasados en compras públicas identificó ahorros potenciales por USD 143 millones y motivó una reforma nacional. Actualmente lidera, para la Contraloría General de la República, el desarrollo del sistema de control preventivo del programa Hambre Cero, que alimenta a 1,5 millones de estudiantes.
