En momentos de alta tensión política, los rumores de fraude electoral pueden desestabilizar democracias frágiles. ¿Pueden los datos abiertos actuar como contrapeso? En esta sesión presentaré tres ciclos electorales en Guatemala (2015, 2019 y 2023) analizados desde la ciudadanía, con hallazgos concretos sobre los límites y el potencial de la fiscalización basada en datos.
En 2019, durante la noche electoral, los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral no coincidían con las actas digitalizadas. Los rumores de fraude se dispararon. Sin acceso privilegiado a ninguna fuente oficial, realicé un análisis independiente de los datos públicos disponibles y concluí que el problema no era manipulación, sino un error sistemático: el sistema de reporte había sido diseñado para menos de 20 agrupaciones políticas y colapsó al superar ese umbral. En un contexto político crispado, distinguir un fallo técnico de un fraude no es trivial.
En 2023, usando datos de la primera vuelta, desarrollé un algoritmo de proyección que permitió estimar los resultados finales con menos del 1% de las actas reportadas. En un proceso donde los resultados fueron cuestionados judicialmente durante semanas, contar con proyecciones ciudadanas independientes y tempranas tuvo un valor democrático real.
En esta sesión exploré qué hace falta, desde un punto de vista técnico y pragmático, para que la fiscalización ciudadana electoral sea posible y creíble. También discututiré los riesgos: cómo los análisis independientes pueden ser mal interpretados, politizados o usados para amplificar desinformación. A menos de un año de las próximas elecciones generales en Guatemala, esta conversación no podría ser más oportuna.